Desde marzo de 2025, las compañías en España han empezado a implementar retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los sueldos de quienes reciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este ajuste se da tras el aumento del SMI a 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagos (1.184 euros al mes), aprobado a mediados de febrero con efecto retroactivo desde enero. A diferencia de incrementos previos, esta alza no se acompañó de una modificación del mínimo exento de IRPF, que sigue siendo de 15.876 euros al año, lo que significa que, por primera vez, aquellos que ganan el SMI están sujetos a retenciones fiscales.

Ejecución de las retenciones

Las compañías funcionan como mediadoras entre los empleados y la Agencia Tributaria, teniendo la obligación de aplicar deducciones de IRPF una vez se alcanzan determinados niveles salariales. Estas deducciones son anticipos que el empleador resta del sueldo para depositarlos en Hacienda, facilitando que el impuesto se obtenga de manera escalonada y regular. Por lo general, las grandes corporaciones efectúan estas deducciones cada mes, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) las realizan cada trimestre.

Las empresas actúan como intermediarias entre los trabajadores y la Agencia Tributaria, estando obligadas a practicar retenciones de IRPF a partir de ciertos umbrales salariales. Estas retenciones son pagos a cuenta que el empleador descuenta del salario para ingresarlos en Hacienda, permitiendo que el impuesto se recaude de forma progresiva y periódica. Generalmente, las grandes empresas realizan estas retenciones mensualmente, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) lo hacen trimestralmente.

Repercusión en los empleados

Impacto en los trabajadores

La subida del SMI ha beneficiado a cerca de 2,5 millones de trabajadores en España. Sin embargo, debido a que la mayor parte de ellos puede acogerse a las deducciones previstas en el impuesto por su situación personal y familiar, las retenciones afectan aproximadamente al 20% de los perceptores, es decir, unos 540.000 contribuyentes que están solteros y no tienen hijos. En este caso, han comenzado a tributar por los 700 euros que separan el mínimo exento vigente del nuevo suelo salarial.​

Para estos trabajadores, la retención anual es de aproximadamente 300 euros, lo que equivale a un tipo de retención del 1,81%. Esto se traduce en una deducción de alrededor de 21 euros por cada una de las 14 pagas. Aunque la cantidad puede parecer reducida, implica que el IRPF absorberá el 42% de la subida salarial.​

En otros casos, como el de un trabajador con pareja e hijo menor de 3 años, no habrá retenciones de IRPF gracias a los beneficios fiscales aplicados a familias con hijos pequeños. Para un trabajador con pareja e hijo mayor de 3 años, se aplicará una retención menor, de alrededor de 99,46 euros al año, lo que equivale a un tipo del 0,6%.​

Debate político y social

Esta medida ha generado críticas y debates en los entornos político y social. Algunos sostienen que esta decisión perjudica a los trabajadores con ingresos más bajos, disminuyendo el impacto positivo del aumento del SMI. Otros defienden la importancia de fomentar una cultura de responsabilidad fiscal, donde todos los ciudadanos contribuyan al financiamiento de los servicios públicos de acuerdo con sus ingresos.

Esta decisión ha sido objeto de críticas y debates en el ámbito político y social. Algunos argumentan que la medida afecta negativamente a los trabajadores con menores ingresos, reduciendo el impacto positivo de la subida del SMI. Otros defienden la necesidad de mantener una cultura de responsabilidad fiscal, donde todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos en función de sus ingresos.​

Consideraciones finales

La implementación de retenciones de IRPF a los perceptores del SMI marca un cambio significativo en la política fiscal española. Si bien la medida busca mantener la equidad y la sostenibilidad del sistema tributario, es esencial evaluar su impacto en los trabajadores de menores ingresos y considerar posibles ajustes que mitiguen efectos adversos. El equilibrio entre una política fiscal justa y el bienestar de los ciudadanos continúa siendo un desafío para las autoridades.