La ola de protestas de los agricultores ha llegado a España y quienes trabajan en el campo se han manifestado durante toda la semana en decenas de ciudades. Faltan cinco meses para las elecciones europeas y es en Bruselas donde se deciden muchas de las reglas que rigen el trabajo diario de los agricultores, desde las (ingentes) ayudas a las estrictas normas de producción.
¿Quiénes son los agricultores en España? ¿Dónde trabajan? ¿Consiguen sacar beneficios de lo que cultivan? Los siguientes gráficos radiografían un sector que ha tomado las calles de grandes urbes donde normalmente apenas tiene presencia.
Dónde hay tierras agrícolas, quién las gestiona y qué producen
Casi la mitad del territorio español, unos 24 millones de hectáreas, es considerada superficie agraria útil. El 76% de la superficie trabajada se dedica al cultivo de secano (que no tiene sistemas de riego), y el resto al regadío (24%).
Por tipos de cultivo, la mitad de la superficie es tierra arable, con cereales, hortalizas y barbechos. Le siguen los pastos, esas tierras con hierba destinada a la ganadería (un 30%) y los cultivos leñosos, donde se ubican el olivar, frutales y viñedos. Los invernaderos, con un gran crecimiento en la última década, apenas suponen un 0,3%.
¿Quién le saca provecho a ese suelo? El censo agrario de 2020 estimó que hay unas 900.000 explotaciones agrarias, de las que unos 660.000 titulares son perceptores de las ayudas europeas. El análisis de quién gestiona esas explotaciones indica que se trata de un sector muy fragmentado, con más de la mitad de ellas muy pequeñas, de menos de 5 hectáreas. Está, además masculinizado, con siete de cada 10 jefes de explotación hombres, que suelen tener una formación basada en la experiencia práctica y edad avanzada (menos del 4% tiene menos de 35 años y los mayores de 65 suponen el 41%).
Cuántos trabajadores hay y qué suponen en la economía
El sector agrario español ocupa a unas 770.000 personas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el 3,6% de los ocupados de toda España.
Existen grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Los agricultores son apenas el 0,3% de los ocupados de la Comunidad de Madrid, mientras rozan el 11% en Murcia.
El censo agrario del INE apunta hacia una profesionalización del sector, y a una disminución de la fuerza de trabajo. En 2009, el titular de la explotación agraria o sus familiares ejecutaban el 61% del trabajo; ahora realizan cerca del 51%. El resto lo hacen empleados, lo que, según el Ministerio de Agricultura, muestra un “cambio hacia explotaciones más comerciales, que dependen más de los trabajadores contratados”. Algunos análisis han destacado que esta especialización ha contribuido al aumento de la productividad del campo español en las últimas décadas.
La agricultura representa el 2,3% del PIB de España, por debajo de la construcción (6%), y muy lejos de la industria (16%) o los servicios (75%).
El valor del trabajo (y las subvenciones)
Igual que en el resto de sectores y en la vida diaria, los costes de producción en el campo han subido. De media, los precios que pagan los agricultores son hoy un 20% más altos que en 2019, empujados sobre todo por la gasolina y los productos para proteger los cultivos de plagas y enfermedades. Fueron aún mayores en 2022, cuando se disparó el precio de la electricidad.
Los beneficios de la actividad agraria son más inestables que otros, dependientes de la climatología, la fluctuación de precios y otros factores que se escapan al control directo del agricultor. Incluso en años de buenas cosechas, determinados cultivos dan pérdidas, como se ve en la siguiente tabla.
Es por esto que la Política Agrícola Común (PAC) es tan importante para el sector y se está hablando de ella en las protestas de estas semanas, sobre todo por su burocracia y la multitud de normas y exigencias de seguimiento y control que coexisten. Esta ayuda, una de las más importantes que da la Unión Europea, está entrando en una nueva fase (para los años 2023-2027) en la que pretende estar más centrada en el rendimiento y la obtención de resultados que hasta ahora.
La productividad del campo español es de hecho baja. El valor que se consigue sacar del trabajo del campo cada año ha sido de 1.183 euros por hectárea en 2022 (de media), más de 400 euros por debajo de lo que alcanza en Francia o Alemania y menos de la mitad que en Italia (la media UE es de 1.433 euros por hectárea). Mientras ese valor ha ido creciendo en los países de nuestro entorno, en España disminuyó un 11% en 2022.
A pesar de estas cifras, las empresas agrícolas, ganaderas, de silvicultura y pesca (conocidas como “sector primario”) llevan varios años saliendo de su peor momento.
Las medianas, pequeñas e incluso las microempresas han tenido en 2022 sus mejores rentabilidades, por encima del 15%.
Productividad por debajo del resto de Europa
El valor generado por la producción agraria en España rondó en 2023 los 32.000 millones de euros. A pesar de que fue una mala campaña, se trata de una cifra récord para el campo español y se debe en gran medida a que los precios aumentaron considerablemente mientras los costes intermedios descendieron. España ocupaba en 2022 el tercer puesto dentro de la UE, por detrás de Francia e Italia, y por delante de Alemania.
Si bien las cifras absolutas colocan a España a la cabeza de la UE por producción, la productividad del trabajo agrícola español está por debajo de la media europea.
Cuántos fertilizantes se usan y cuánto cuestan
En 2022, los agricultores españoles compraron 3,6 millones de toneladas de fertilizantes. Esta cantidad roza el mínimo histórico registrado durante la crisis económica.
Igual que en 2008, los recortes en el consumo de estos productos buscan reducir el impacto del aumento generalizado de los precios. En 2022, el sector agrícola llegó a pagar hasta el doble que tres años antes por los fertilizantes.
Esta escalada en los costes de los fertilizantes comenzó tras la pandemia, pero se intensificó con la guerra en Ucrania y la incertidumbre sobre las exportaciones procedentes de Rusia, uno de los principales productores. El incremento ha sido menor para los productos fitosanitarios (herbicidas e insecticidas, entre otros).
La contracción del consumo de estos productos ocurre además tras las nuevas restricciones europeas al uso de fertilizantes químicos o productos fitosanitarios (aprobadas en 2019), cuyo objetivo es paliar el impacto negativo de estos elementos en la biodiversidad y la calidad de las aguas. La Comisión Europea pretende reducir en un 50% el uso de pesticidas antes de 2030.
Los precios: crecen las diferencias entre origen y destino
En la última semana de enero, un kilo de calabacines costaba 1,63 euros en los mercados mayoristas como Mercamadrid. El precio de las mismas hortalizas en origen estaba unos 70 céntimos por debajo. Estos números, cuyas diferencias se explican por la adición de costes de transporte, embalaje o almacenamiento, suelen evolucionar en paralelo: cuando un extremo se encarece, ocurre lo mismo en el otro.
Pero desde 2019, los precios en origen y destino de muchas de las frutas y hortalizas que monitoriza el Observatorio de Precios de los Alimentos se han alejado cada vez más entre sí. Es el caso, por ejemplo, de la lechuga romana, donde el precio en origen es prácticamente el mismo que en 2019 (0,26 euros por unidad) y el de destino ha aumentado un 33% (de 0,5 a 0,72 euros).
Hay casos donde el precio de destino sube como consecuencia del aumento de lo que cobra el agricultor en origen: ocurre con la cebolla, de 0,12 euros al kilo a comienzo de 2022 a los 0,47 actuales (en destino: de 0,26 a 0,7, una subida parecida de más del doble).
Como se ve en el gráfico, también han aumentado las diferencias en origen y destino de calabacines, limones, peras, plátanos, tomates y zanahorias.
Los costes de los cereales han seguido estos años su propia dinámica. Después de un 2022 de precios altos, empujados por la invasión rusa de Ucrania, han vuelto a desplomarse, condicionados por el fin del pago de costes de aduana y otros impuestos del grano ucranio.
Año récord en importaciones extraeuropeas
Una de las razones de las protestas de los agricultores es la importación de productos de fuera de la UE que no tienen que cumplir con los estrictos requisitos impuestos a la producción continental.
Es cada vez más el género agrícola que llega a España desde países no europeos: su cantidad ha aumentado un 80% en los últimos diez años y 2023 (incluso a falta de datos definitivos de diciembre) ha sido el año en el que más se ha importado desde esos países (hay datos desde 2002). A la vez, las exportaciones a esos países están disminuyendo.
Desde fuera de la UE se importa sobre todo (alrededor del 90%) cereales, cultivos de leguminosas, verduras y tubérculos –todos productos que también se producen en España y de hecho ocupan una parte importante del suelo cultivado español–.
Fuentes
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